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ABC. NIEVES COLLI | MADRID - 29/12/2008
Los jueces temen que el Gobierno utilice el «caso Tirado» para limitar su independencia
La «desmedida» reacción del Gobierno ante la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de confirmar la multa de 1.500 euros para el juez Rafael Tirado -por su retraso en ejecutar una sentencia para el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés- ha hecho saltar las alarmas en la carrera judicial. Muchos sospechan que el Ejecutivo pretende utilizar este asunto para «desprestigiar» a los jueces ante la opinión pública y allanar así el camino a una profunda reforma de la Administración de Justicia cuya finalidad no sería otra que controlar al Judicial, un Poder del Estado que es, por definición, independiente. Junto a la «pataleta» por no haber conseguido del CGPJ una sanción por falta muy grave para Tirado y la consiguiente suspensión de este juez (a lo que Zapatero se comprometió personalmente con el padre de la niña de Huelva), la única explicación que los jueces encuentran a la «desproporcionada y encendida» respuesta del Ejecutivo es la de la «campaña propagandística».
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