REVISTA DE PRENSA
ABC.
Revés a Conde-Pumpido
El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha vuelto a recibir de los fiscales un sonoro revés electoral, al lograr la Asociación de Fiscales la mayoría absoluta (seis de nueve vocalías) del Consejo Fiscal. El resultado tiene pocas consecuencias prácticas porque ya se encargó el anterior ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, de despojar a este órgano de una de sus principales competencias, que era la de informar sobre la idoneidad de los candidatos a puestos de la Fiscalía. Fernández Bermejo ajustó sus cuentas personales con el Consejo Fiscal, que nunca lo apoyó para ninguno de los puestos que ocupó mientras fue fiscal. El remate a esta política de sabotaje al único órgano representativo de la carrera fiscal lo ha venido practicando Conde-Pumpido con el método del reequilibrio «ideológico», excusa para designar a fiscales de la que sigue siendo minoritaria Unión Progresista, generosamente representada en el Consejo Fiscal gracias a una reforma electoral sólo pensada para beneficiarla. La diferencia de votos entre el candidato de la AF menos votado (573) y el progresista más votado (379) habla por sí sola. Además, por si todo esto fuera poco, la última modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal convirtió la Fiscalía en un caudillaje del fiscal general, al que se entregaba el control de la Junta de Fiscales de Sala con nombramientos totalmente discrecionales.
Lo que no ha podido controlar Conde-Pumpido es el voto de los fiscales, que han reivindicado para su compañero Eduardo Torres-Dulce, con 808 votos, el prestigio que el fiscal general del Estado le hurtó con vetos para seguir en el Tribunal Supremo o acceder a la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Lo que las urnas niegan a los fiscales progresistas, Conde-Pumpido se lo da a dedo, pero esta forma autoritaria de dirigir la Fiscalía no es gratuita. Se refleja en el desgaste que ha sufrido esta institución, formada en su gran mayoría por intachables servidores del Estado, ante la opinión pública por las decisiones políticas tomadas a lo largo de estos años para pretender que los fiscales actuaran al servicio de los intereses del Gobierno.
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